El fiscal anticorrupción tiene un 25% de una sociedad panameña desde 2012, propietaria de la vivienda que su padre ocultó al fisco español (delito prescrito) y que él coheredó. Dice el fiscal que todo está en orden y declarado, y como a un fiscal se le reputa que dice siempre la verdad, lo damos por cierto. Hasta aquí los hechos.
Aquí.
Pero el fiscal tuvo 5 años para vender su parte a los demás socios de la sociedad, sus hermanos.
Optó por no hacerlo. Es decir, eligió voluntariamente mantener participaciones en un sociedad de un paraíso fiscal.
Se defiende ahora Moix diciendo que la disolución de la sociedad acarreaba gastos, y que uno de los hermanos no podía afrontarlos. Pero si hubiera habido voluntad de disolver entre los socios, los hermanos más solventes podrían haber abonado los gastos de la misma y luego liquidarle al hermano "pobre" su parte, menos la parte de los gastos liquidatorios con el producto de la venta del chalet (que está en venta). Es decir, adelantarle los gastos de liquidación, mediante un préstamo legal.
Y aún cabían otras soluciones, como vender la sociedad, llaves en mano, en el mercado panameño con o sin el inmueble.
Y más. Cualquier despacho fiscalista ofrece soluciones legales para que un socio que se siente incómodo salga de su incomodidad.
Tenemos a un fiscal anticorrupción con una empresa en el paraíso fiscal, que es Panamá. El que escudriña a los que tienen sociedades legales o no en Panamá, entre autres.
Éste es el hecho.
Hay a quien esto no le parece ético. Qué manera más corrupta y deleznable de atacar al Gobierno y de infligir pena de teledesayuno al que persigue la corrupción...
